Breve análisis del tratamiento de la discapacidad en Argentina.

En Argentina, la discapacidad cuenta con abundantes leyes que amparan a este colectivo, sin embargo es necesario cierta organización, estas leyes brindan las herramientas necesarias para la cobertura legal de las personas discapacitadas.

El artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna incorpora tratados de derechos humanos a la propia Constitución (entre los que resaltamos la convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención de derechos del niño, entre otras) y el inciso 23 establece la obligación del estado de utilizar las llamadas “acciones positivas”, que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad (además de otros tres colectivos vulnerables: las mujeres, los niños y los ancianos).

Podemos caracterizar este tránsito afirmando que se pasó:

  • De una cobertura discrecional a una cobertura obligatoria.
  • De un menú prestacional restringido a un sistema de cobertura amplia.
  • De un nomenclador establecido de acuerdo a la capacidad propia a un nomenclador fijado por el estado.
  • De un presupuesto propio a depender de un presupuesto ajeno
  • De un flujo de ingreso de pacientes estable a un crecimiento abrupto de la demanda.
  • De un modelo de administración propio a un modelo compartido.
  • De un cupo fijo de proveedores a cierta amplitud de elección.

Podemos hacer un resumido esquema de las fortalezas y debilidades del sistema jurídico creado  y el impacto que tuvo en el esquema de la seguridad social:

Fortalezas:

  • Varios financiadores del sistema, principalmente obras sociales nacionales
  • Impacto en el mercado de empresas de medicina prepaga.
  • Existencia de normativa de encuadre de rango superior. Ej.: constitución nacional, leyes y decretos.
  • Nomencladores que fijan “precios” de mercado, es decir, determinan la pauta económica de las prestaciones.

Debilidades:

  • El nomenclador desincentiva el libre mercado de precios: los valores de los aranceles, que son topes de subsidios del sistema, se convirtieron en precios de mercado; se desalienta la mejora en el servicio a costa de la discusión de precios.
  • No existe articulación de prestadores que posibilite la economía de escala (contrataciones generales) mediante la complementación público – privado, ministerio de salud – ministerio de educación. Ello aunque la oferta pública sea la regla.
  • Incluye prestaciones ajenas a las competencias del sector salud: las prestaciones educativas y laborales tienen la deuda pendiente de la participación activa de dichas áreas de gobierno en el sistema.
  • Inadecuadas auditorias de las obras sociales a los prestadores: relacionadas con la baja cantidad de beneficiarios con discapacidad atendidos, su atomización en el país y la falta de equipos interdisciplinarios
  • Muchas Obras Sociales en situación financiera crítica o con poca población de personas con discapacidad.
  • Reducida contratación explícita entre financiadores y prestadores
  • Irregular distribución nacional de los prestadores: la mayoría se encuentra en ciudad autónoma de buenos aires, provincia de buenos aires y santa fé, con provincias casi sin prestadores,
  • Dificultades en la implementación de políticas derivadas del sistema federal.

Algunas de las cosas por hacer:

Que el Estado sea árbitro e interlocutor para garantizar una eficacia ordenadora y el establecimiento de prioridades a través del establecimiento o fortalecimiento de políticas públicas en discapacidad. (ej: barreras de accesibilidad, cupos laborales, etc).

En materia de financiamiento, debemos empezar a pensar en una forma de financiamiento mixto, a través de aportes e impuestos nacionales recaudados específicamente para la plena integración de la discapacidad, con mayor presencia de la discapacidad en los presupuestos nacionales, provinciales y municipales.

Invitar con mayor vehemencia al sector educativo y del trabajo, principalmente, en la elaboración de políticas para este colectivo.

Fortalecimiento y mejora del sistema único de prestaciones para personas con discapacidad y particularmente de la comisión nacional de discapacidad o en su caso, repensar un sistema que permita crear políticas nacionales sobre la discapacidad en el marco de un sistema federal de gobierno y con influencia en las áreas provinciales de gobierno.

Por último, resulta necesario promover la temática de la discapacidad en las agendas políticas locales y nacionales y fortalecer la presencia de la discapacidad en la universidad, tanto en el grado como en el posgrado, acompañando la formación De Políticas Universitarias en esta temática.

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